domingo, 28 de junio de 2009

Golpe de Estado, Aplicación de la Norma o Conspiración Política?

Los hechos: Un tribunal de justicia declara de ilegal la encuesta que el Presidente Manuel Zelaya, el ejército sale a las calles, cumpliendo una orden de arresto (no se sabe emitida por quien), saca de su casa y del país al Presidente Zelaya, la Corte Hondureña dice que las acciones del ejército son legales y que hay cumplimiento de la norma en la aprehensión de Zelaya. Zelaya desde Costa Rica, pide con el respaldo del Presidente de Costa Rica, que se den las condiciones para su regreso y restitución en el cargo como Presidente de Honduras.
El Congreso conoce y acepta una carta de renuncia del Presidente y su Gabinente, habiendo Zelaya que esto sea cierto.

La encuesta ilegal de Zelaya pretendía establecer una cuarta urna en las eleciones de noviembre para hacer cambios constitucionales que permitirían la reelección de Zelaya.

Para algunos analistas y en especial para la comunidad internacional lo sucedido en Honduras es un golpe de Estado, que debe ser rechazado de manera categórica ya que según ellos se ha violentado la democracia en ese país.

Para otros, el Presidente Hondureño cometió un delito al no acatar la resolución de un tribunal de justicia, que constituye un poder independiente y por lo tanto violentó la Constitución.
Para mi hace falta incluir un elemento importante en el análisis y es que lo que nadie ha dicho es que Zelaya presentó un decreto de disolución de los poderes del Estado, que es lo mismo que hacer un autogolpe y según algunos analístas hondureños con los que hablé por teléfono hoy, estaban listos para anunciar la disolución hoy domingo después de la "encuesta".

A nivel político, ha sido muy mal manejado, Zelaya ha pérdido mucha fuerza y prácticamente no tiene apoyo interno, por lo que bien los 4 meses que quedan previo a las elecciones pudieron haber transcurrido como el tiro de gracia a su ya deteriorada popularidad. Probablemente la amenaza de decreto disolutorio asustó a los actores precipitándose en las acciones que resultaron hoy.
A nivel jurídico, el ejército hondureño se supone, actuó en cumplimiento de una orden de juez de aprehender al Presidente por desacato de una orden de juez y por lo tanto por la comisión de un delito.
A nivel mediático, esta crisis ha sido muy mal manejada.
A nivel internacional, por supuesto la imagen y la condena, no podrá ser evitada y a Honduras no le queda otra más que tragarse por un tiempo la condena, que puede ser con todo un menor precios a aceptar la reinstalación de Zelaya.
A nivel local, la Constitución Política de Honduras, que es bastante más rígida que la guatemalteca, permite diferentes salidas para solucionar la crisis y puesto que el Congreso sigue en funciones, y las garantías constitucionales ciudadanas continuan vigentes. Habrá que esperar la salida constitucional que ese Parlamento le de a esta crisis jurídica y política en Honduras.
El sector privado se verá afectado puesto que la inversión productiva es muy sensible a la estabilidad política de los países, sin embargo, el autoritarismo y las políticas de Zelaya en los últimos años, han dañado ya bastante la creación de trabajos en ese país, por lo que insisto, el menor de todos los males, para Honduras será resolver su crisis localmente y no permitir que la presión y la condena de la comunidad internacional dicten su actuar.
Los hondureños no deben permitir que Zelaya regrese. Si el Presidente cometió un delito a no acatar la Ley deberá ser sujeto a proceso y ser condenado. Pero también Honduras deberá demostrar la legitimidad de lo actuado hoy.

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